La desarticulación el jueves pasado en Valencia de una trama dedicada presuntamente a desviar fondos públicos de ayuda a países pobres puso de relieve la muy anormal situación de la comunidad autónoma. En julio de 2011, Francisco Camps abandonó la presidencia de la Generalitat por su implicación en el caso de los trajes —uno de los varios de la red Gürtel—, del que quedó absuelto. Detrás de sí dejó unas instituciones salpicadas de corrupción. Son los casos Gürtel, Brugal, Torrevieja, Emarsa, Cooperación y Fabra.

Todos afectan al PP, que suma desde hace 16 años casi todo el poder institucional valenciano. Todos los implicados fueron confirmados en sus cargos o incluidos en las listas de los últimos comicios municipales y autonómicos por Camps pese a los graves hechos que se les atribuían, y ahora les esperan los jueces.

La operación contra la trama de cooperación internacional, que pudo embolsarse hasta nueve millones destinados a proyectos en África y América Latina, se saldó con 14 detenciones. Entre ellas, las del director general de Cooperación, Josep María Felip, y el subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, imputados por malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental. Ambos eran hombres de confianza del portavoz parlamentario del PP en las Cortes, Rafael Blasco. El presidente valenciano, Alberto Fabra, los destituyó después de su arresto.

La mayoría de implicados valencianos siguen, sin embargo, en sus puestos. Hoy está previsto que declare en el Tribunal Superior valenciano el diputado Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja (Alicante) de 1988 a 2011, sobre el que pesan tres causas. En la primera se le imputa un delito de prevaricación en la adjudicación de la contrata de basura. También está imputado por delito electoral, al haber celebrado en mayo de 2011 un acto de campaña prohibido por la Junta Electoral. La tercera causa se deriva de un formidable pelotazo urbanístico.

Hernández Mateo compró a principios de la pasada década una finca rústica por 180.000 euros. En dos años la vendió por 5,6 millones. La juez instructora apreció indicios de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la operación.

A 50 kilómetros de allí, en Alicante, se investiga el caso Brugal, en el que está imputado por cinco delitos el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll. Las pesquisas apuntan a que Ripoll aceptó un soborno de 1,3 millones de euros por adjudicar el servicio de la basura. La contrata fue adjudicada a una unión de empresas participada por el constructor Enrique Ortiz.

La supuesta connivencia de este empresario con los políticos locales se repite en otra pieza de Brugal: el presunto amaño del plan urbano de Alicante. Anticorrupción acusa en ella a la alcaldesa, Sonia Castedo, y a su predecesor, Luis Díaz Alperi, de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Se espera que el juzgado remita en breve la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano, dado que ambos son aforados.

El jurado eximió a Camps y al diputado Ricardo Costa del delito de cohecho impropio, una absolución recurrida por los socialistas. Los supuestos regalos del caso de los trajes eran, en todo caso, la pieza menor de la aparente actividad corrupta de la trama Gürtel en Valencia. La principal causa está abierta por financiación ilegal: el presunto pago de actos electorales del PP por empresas de obra pública; y por cohecho y prevaricación, en la adjudicación a Orange Market del pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009.

La lista de imputados incluye a las cúpulas de Camps en el Gobierno y el partido: Costa; el exvicepresidente Vicente Rambla; la expresidenta de las Cortes valencianas Milagrosa Martínez; el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret; la directora de promoción de Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars; el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera, Yolanda García; el extesorero nacional Luis Bárcenas, y otros.

Con una relación de imputados menos conocida pero con un grado de pillaje mayor, se investiga el caso Emarsa. La sociedad pública que depuraba el agua de Valencia fue exprimida hasta la quiebra haciéndole pagar por servicios y suministros falsos. Mientras, sus responsables cargaban a su costa la compra de joyas, relojes de lujo, viajes de placer y noches de hotel con misteriosas traductoras rumanas. El juez estima el desfalco en 25 millones de euros. El escándalo ha hecho dimitir al expresidente de Emarsa Enrique Crespo de sus cargos de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Y mantiene imputadas a otras 26 personas, varias de ellas cercanas a la alcaldesa Rita Barberá.

El inventario valenciano de casos de corrupción lo cierra el imputado más antiguo de todos, Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón está acusado desde 2003 de cohecho y tráfico de influencias por cobrar presuntamente comisiones para facilitar trámites ante la Administración, y de varios delitos fiscales por el vertiginoso incremento de su patrimonio. El veterano político, que aún mantiene la presidencia provincial del partido, podría ser juzgado este año.


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